martes, 7 de abril de 2020

Crímenes de Lesa Humanidad, ¿qué son y cómo se juzgan en las Hayas?



Un delito de Lesa Humanidad no se toma a la ligera. La Corte Penal Internacional (CPI) se encarga de ello. Es el brazo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tiene jurisprudencia sobre los delitos más graves, como el genocidio y los crímenes de guerra y agresión, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma, vigente desde 2002. Cometerlo implica una flagrante violación de los Derechos Humanos por discriminar, perjudicar, hasta exterminar un grupo o población específicos.

La Corte Penal toma y juzga desde matanzas hasta delitos de épocas pasadas que se pensaban extintos, como la esclavitud. La gravedad salta a la vista en la larga lista establecida en el artículo 7 del Estatuto de Roma: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido; desaparición forzada de personas; apartheid…

Un coctel de ello puede generar resultados fatales y devastadores. Se ha visto en el continente africano, donde se acumula la mayor cantidad de investigaciones abiertas y de acusados. De allí salió el primer acusado de la Corte Penal en 2002. Thomas Lubanga fue sentenciado a 14 años por cometer crímenes de guerra en la República Democrática del Congo.

Para que un caso llegue a los tribunales de la Corte Penal, en La Haya, Países Bajos, debe pasar por varias verificaciones exhaustivas. Una vez que el caso llega al escritorio de la Fiscalía comienzan las pesquisas preliminares. Es allí donde se determina si la evidencia del crimen es de suficiente gravedad para que la Corte Penal lo trabaje. “Depende de la calidad de la investigación y de los testimonios de los afectados. También de la necesidad pronta de dar respuesta ante una situación masiva de violaciones de Derechos Humanos”

Dada su acuciosidad, la respuesta no se tiene de la noche a la mañana: puede tardar años para que efectivamente se emita una orden de investigación y, posteriormente, de arresto

TRES FORMAS DE PRESENTAR UN HECHO

Primera: Alegar que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad».

La segunda: Que se emita una petición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo una petición de sanción de un responsable específico.

La tercera: Que el Estado, firmante del Estatuto de Roma, solicite las investigaciones dada su incapacidad procedural. “La sociedad civil y las ONG no pueden presentar un caso ante la Corte. Lo que sí pueden hacer estas es aportar información a la oficina del Fiscal de la Corte”.

Hay dos principios bajo los cuales las cortes internacionales operan: subsidiariedad y complementariedad. “Estos principios implican que la Corte podría actuar solo si los tribunales nacionales son incapaces de investigar o no estén dispuestas a hacerlo”. Los acusados están expuestos a una pena máxima de 30 años de prisión y, en circunstancias excepcionales, hasta cadena perpetua.

Para que un sentenciado cumpla con su condena, debe existir cooperación entre las partes involucradas. Tanto el país como la Corte Penal deben estar alineados en el aprisionamiento del individuo. Es en el país donde cometió los crímenes de Lesa Humanidad donde naturalmente debe asumir los años de prisión. En caso de no contar con la infraestructura ni las condiciones para ello, las personas condenadas cumplirán su sentencia en uno de los países miembros de la Corte Penal, con el que se haya concluido acuerdos en la aplicación y haya aceptado ubicar a la persona en un penal dentro de su territorio. Mientras, la Corte Penal tiene un Centro de Detención, en el que permanecerá hasta que los acuerdos estén dados.










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